El debate sobre el Metrobús debe incorporar mecanismos de legitimación de las decisiones.

Es auspicioso que se consideren recomendaciones de estudios técnicos elaborados por especialistas, tales como el Plan Maestro de Transporte y Tránsito (PMTT), el Plan de Acción del BID y el Plan Estratégico, los que han sido solventados con recursos públicos en pos de contar con lineamientos generales que ordenen las acciones de gobierno; aunque es esencial encontrar un mecanismo de legitimación de las decisiones y asignación de los recursos.

Los estudios mencionados han implicado la participación comunitaria a través de las instituciones que representan diferentes sectores. Sin embargo, claramente sus conclusiones son enunciados de aspiraciones a concretar con un compendio de intervenciones sugeridasque debieran ser priorizadas y ajustadas al contexto socio-económico del Partido de General Pueyrredon (Mar del Plata – Batán)

La mirada y desarrollo del PMTT ha incluido un nuevo paradigma que promueve satisfacer las demandas desde la perspectiva de la movilidad urbana: ¿Por qué?, ¿Hacia dónde?, ¿Por qué medios? se traslada la población y que supera la mirada rígida del ordenamiento del tránsito. Resultaría auspicioso que la agenda legislativa comience a revisar el pliego de licitación del Transporte Público, próximo a su vencimiento, incorporando esta mirada y se debatan reestructuraciones necesarias así como las condiciones de calidad y costos del servicio.

Vale destacar que el PMTT sugiere la restructuración de recorridos de colectivos, creación de un tren urbano, creación de una red de tránsito pesado para el transporte de cargas con centros de logística y producción, ordenamiento del espacio público en diferentes ejes urbanos, trasformación de la Avenida Champagnat, una red de bicisendas, la instrumentación de una tarifa integrada para el trasbordo de pasajeros, entre algunas acciones.

Desde el Estado Nacional y Provincial, debe promoverse la autonomía de los gobiernos locales en la priorización de inversiones conforme las realidades territoriales; la bajada de programas acotados y poco diversos condiciona el perfil de la inversión pública en materia de obras y servicios. Asimismo, interrogantes a dilucidar sobre la captación de plusvalías urbanas derivadas de la inversión estatal, el impacto económico sobre actividades comerciales, entre otros temas, deben ser tratados y trabajados con diferentes sectores de la comunidad.

Una inversión estimada en 520 millones de pesos, en una ciudad con serias dificultades de autosustentación, debiera garantizar que el trasporte público de pasajeros -un servicio para toda la sociedad- tenga acceso a todos los barrios y localidades del Partido del General Pueyrredon.

La calidad del sistema de transporte público es el fiel reflejo de cómo opera el Estado en materia de la administración de los recursos públicos. Si funciona, es una clara demostración de un Estado eficiente; caso contrario, ocurre lo que la situación actual. Las inclemencias climáticas y el estado de las calles no debieran afectan la accesibilidad; la frecuencia y calidad del servicio es relevante, así como asegurar la inclusión en el uso de un servicio público esencial para el pleno desarrollo socio-territorial.