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La grieta ya es social y se abre en la salud: sanatorios para pudientes, hospitales para pobres

El hospital público atiende al 36% de la población, las obras sociales al 61% y las prepagas al 13,6%, con un 10,4% superpuesto en más de una cobertura. ¿Se va a una polarización?

El presupuesto del PAMI, que representa el 1,1% del Producto Bruto Interno, era un bocado fiscal apetecible para el Gobierno.

Le hinca el diente, pero al mismo tiempo se abre una brecha difícil de mensurar en el sistema de salud.

La crisis estructural se había venido anunciando en las distintas gestiones hasta que finalmente detonó, según reconocieron en un reciente encuentro organizado por la Cámara de Comercio de Estados Unidos (AmCham) funcionarios, sindicalistas, representantes de asociaciones profesionales y cámaras empresarias y ejecutivos de la industria farmacéutica.

La desregulación de la medicina privada, aunque luego algo morigerara, conmovió la estructuras mismas del sistema.

Las tres patas de la misma mesa

Hay en el país 3174 hospitales, clínicas y sanatorios: 1740 privados (55%) y 1434 públicos (45%).

De 25.264 prestadores privados contabilizados por el Registro Federal de Establecimientos de Salud (Refes), creado en 2009, corren riesgo de cierre 1670.

Las migraciones resultantes polarizarán el sistema, cuya foto actual es que la atención pública es utilizada por el 36% de ciudadanos, unos 16 millones de personas, sin otro tipo de cobertura y con grandes diferencias en las prestaciones que reciben según las provincias.

Los números pudieron haber quedado desactualizados porque más de 200 mil abonados a las prepagas, asumiendo una diferencia en la cuota obligatoria para la obra social, retornaron a la órbita sindical o a la medicina pública, al no poder afrontar incrementos en las cuotas del 115,7% entre diciembre y marzo,

La Nación ocupa un rol subsidiario en la atención de la salud, lo cual se evidencia, entre otras cosas, en que el 95,7% de los nosocomios públicos son provinciales o municipales.

El 61% de la población está bajo el régimen de obras sociales, y el 13,6% posee cobertura del régimen privado (con una superposición en más de una cobertura del 10,4% de habitantes).

La particularidad de este híbrido es que el 63% de los establecimientos de salud registrados son privados y el 97% de ellos, comerciales.

Hay grandes diferencias entre las jurisdicciones en la cantidad y tipos de establecimientos. La provincia que más tiene cuadruplica en número de centros de atención respecto a la que menos tiene.

La concentración de beneficiarios entre las distintas obras sociales es notablemente dispar: en las sindicales, la de los empleados de comercio tiene 1.692.600 afiliados, mientras que otras poseen menos de 500.

Similar situación se plantea con las obras sociales del personal de dirección: OSDE (en su rol de obra social) concentra el 50% de socios.

Prestaciones distintas por distrito

Existe una muy marcada diferencia de cobertura del subsistema privado: entre la provincia que presenta mayor cobertura y la que menos (respecto a su población total) es de 21,2 veces.

También se observa una fuerte concentración: OSDE (en su rol de prepaga), Swiss Medical, Galeno, Omint, Medicus y Paramedic reúnen el 80% del total.

Las políticas complementarias de libre elección de obra social y de derivación de aportes al subsector privado amplían, en la práctica, las diferencias entre servicios brindados por las distintas obras sociales y afectan su financiamiento.

Frente a tantos cruces de prestaciones y beneficiarios, se producen grandes diferencias de oferta entre jurisdicciones, la informalidad laboral y un régimen mixto, condicionado por normativas no siempre eficaces para su cometido, todo lo cual conspira contra un acceso a la salud equitativo e igualitario.

"Hay una emergencia sanitaria declarada desde hace más de 20 años en la Argentina”, expresó Mario Russo, ministro de Salud de la Nación ante el calificado auditorio.

El diagnóstico de la situación del sistema de salud repite el de los años 80 y 90.

Replanteo del diagnóstico

La respuesta que promete el Gobierno consiste en redefinir competencias de la Nación y las provincias, contar con indicadores para poder saber de qué enferman los argentinos, reorganizar la distribución de centros en el país por niveles de complejidad para facilitar el acceso de la población o hasta poner a punto el sector público para contar con capacidad de realizar ensayos clínicos como en el sector privado.

Los presupuestos de salud muestran que todos los recursos van a los centros de segundo o tercer nivel de atención, lo de mayor complejidad, con lo que la frazada corta destapa el primer nivel de atención, y quedan fuera de foco la prevención primaria o detección temprana.

“Las provincias estamos reestructurando los sistemas, pero necesitamos definiciones con los programas federales de la Nación”, replicó el ministro de Salud entrerriano Guillermo Grieve.

La opinión generalizada de los especialistas gira en torno de la necesidad de crear una Agencia Nacional de Evaluación de Tecnologías Sanitarias con decisión vinculante para la cobertura de tratamientos y otras prestaciones, junto con una revisión del Programa Médico Obligatorio (la canasta mínima de prestaciones que deben asegurar las coberturas).

En este contexto, el gremialismo insta a revisar también los “salarios muy malos” de “los grandes sanatorios” y a “subsanar la falta de criterio del Estado para la formación de los recursos en salud”. 

La Asociación de Clínicas, Sanatorios y Hospitales privados (Adecra) expuso asimetrías: mientras las prepagas les subieron a sus afiliados las cuotas 115,7% entre diciembre y marzo, los prestadores recibieron 92,5%. 

La hora del PAMI

Asimismo, según el secretario general de la Federación de Asociaciones de Trabajadores de la Sanidad (Fatsa), Héctor Daer, habrá que tener una discusión política sobe el financiamiento del PAMI.

La obra social de los jubilados y pensionados aborda de lleno el proceso de eliminar gratuidad en los medicamentos y cortó 47 principios activos, que se suman a los 11 eliminados hace tres meses, con el argumento de que se quiere evitar el sobreuso, aunque buena parte se aplican a ayudar a los adultos mayores con afecciones neurológicas, como los antidepresivos, antipsicóticos o antiepilépticos.

O los que se recetan para paliar el dolor crónico, como el tramadol, la morfina y la metadona, y hasta un antibiótico de primera línea para infección urinaria, como la ciprofloxacina.

La tijera pasó sin previo aviso ni notificación oficial por dos largas listas de principios activos farmacéuticos, muchos de consumo frecuente, pertenecientes al plan Vivir Mejor.

De modo que llegan al millar los medicamentos que desde el mes pasado dejaron de ser gratuitos, o sea, la tercera parte de los 3.500 en total que no se pagaban.

La medida afecta directamente a los 7,5 millones de jubilados, pero especialmente a los 5 millones que perciben el haber mínimo.

Los números del sistema sanitario tripartito, el público, el sindical y el privado, hace mucho tiempo que no cierran, y la actual gestión los comienza a encorsetar en el equilibrio fiscal elegido como meta política no negociable.

Como sucedió con los subsidios sociales, se descubren abusos y corrupción en muchos casos, pero no es menos cierto que se afincan en necesidades concretas de un cada vez más elevado porcentaje de población vulnerable.