Internacional

El gobierno colombiano se ampara en el abuso policial

La sociedad colombiana espera hoy el avance de las negociaciones entre el jefe de Estado y el Comité Nacional del paro, tras el fracaso del primer encuentro.

La sociedad colombiana espera hoy el avance de las negociaciones entre el jefe de Estado y el Comité Nacional del paro, tras el fracaso del primer encuentro.

La reforma tributaria que impulsó y anuló el Gobierno de Colombia, corrió el velo de un pueblo asfixiado por las desigualdades económicas y sociales, que exige diálogo, y cese de la violencia por parte de las fuerzas de seguridad, que profundiza un conflicto que dejó hasta ahora 42 víctimas fatales, según los datos oficiales de la Defensoría del Pueblo, cifra que se acerca a los 47 muertos que reportó la ONG Temblores.

El proyecto, entre otras medidas, contemplaba ampliar la base de contribuyentes, mediante la reducción del monto mínimo, a partir del cual los ciudadanos deben pagar el impuesto de renta, subir aranceles a los productos de la canasta básica, a sabiendas que en 2.4 millones de hogares no comen tres veces al día, según la encuesta Pulso Social del Dane, y cobrar el IVA a los servicios público y servicios funerarios, utilizados por la clase alta.

Al gobierno colombiano, presidido por Iván Duque, no le basta con tener un 42 por ciento de pobreza, un aumento sostenido de homicidios y femicidios, la violación de las libertades sindicales, y una pandemia mundial, que intentó sumar una Ley de Solidaridad Sostenible, que según ellos, iba a financiar la asistencia social, ayudar a quienes la pandemia dejó en el camino, y equilibrar las finanzas de un estado, que asedia a la clase media, y la pone en vilo ante una posible reforma al sistema de salud.

La represión que ejecutó la fuerza pública, y avaló el presidente, es la única respuesta que recibió la población colombiana, que encontró en las calles un espacio de escucha, para revalidar sus derechos y expresar su hartazgo.