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Dictamen favorable de la justicia para frenar la exploración sísmica en el mar

La fiscal Laura Mazzaferri dio curso a las presentaciones de un ciudadano y un grupo de ambientalistas

La fiscal Laura Mazzaferri dio curso a las presentaciones de un ciudadano y un grupo de ambientalistas

En el marco de dos acciones de amparo interpuestas por un ciudadano y una organización no gubernamental de ambientalistas, la titular de la Fiscalía Federal N°1 de Mar del Plata, Laura Mazzaferri, dictaminó en favor de conceder las medidas cautelares que solicitaban el cese y/o suspensión de las actividades de exploración sísmica, explotación petrolera y otros trabajos vinculados, frente a las costas del Partido de General Pueyrredon.

Por ahora, no hubo respuesta de la justicia a la presentación que realizó este miércoles el intendente de General Pueyrredon Guillermo Montenegro.

Esas actividades habían sido aprobadas por el gobierno nacional, a través del Ministerio de Ambiente. Sin embargo, para la fiscal es pertinente que no comiencen hasta tanto se realice una evaluación ambiental estratégica y se dé cumplimiento estricto de todas las previsiones normativas en materia ambiental, tanto a nivel nacional como internacional.

Las acciones de amparo, respecto de las cuales la representante del Ministerio Público Fiscal consideró que se encontraban dados los presupuestos legales para habilitar la instancia federal, fueron presentadas por un ciudadano y por la Organización de Ambientalistas Autoconvocados.

Si bien cada una presentaba particularidades en sus pretensiones, ambas coincidían en la potencial peligrosidad que produciría la prospección sísmica y la eventual explotación petrolífera frente a las costas de Mar del Plata.En el caso de la acción iniciada por el ciudadano, solicitaba la suspensión de las actividades de exploración sísmica, "hasta tanto se obtuviera la Declaración de Impacto ambiental garantizando el acceso a la información pública relacionada con esta actividad y la efectiva participación de la comunidad del Partido de General Pueyrredon en el proceso de evaluación de impacto ambiental en los términos del Acuerdo de Escazú, y en la toma de decisiones en lo concerniente a la actividad proyectada”.

También solicitó que se diera intervención a la Universidad Nacional de Mar del Plata, a la Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires, a la Universidad Nacional de La Plata y al Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (Conicet), para la elaboración de los informes sanitarios, técnicos, ambientales y de impacto, correspondientes.

A partir de la resolución de la fiscal, el Juzgado Federal deberá resolver si toma en consideración este análisis o utiliza otros argumentos para permitir que el plan avance.