La Fundación Latinoamericana de Sostenibilidad Pesquera (FULASP) encabezó un comunicado formal en apoyo al compromiso que acaba de firmar el Gobierno Nacional con las Naciones Unidas para permitir la creación de áreas marinas protegidas en aguas internacionales y evitar así la pesca indiscriminada de barcos extranjeros en la milla 200.

Ahora aguardan su ratificación para su inmediata puesta en vigor. En las últimas horas, la Canciller argentina, Diana Mondino firmó en Nueva York el acuerdo clave que permitirá que se creen sectores de protección marítima al borde del Mar Argentino, una zona de intensa presión pesquera sin ningún control. De este modo, Argentina se sumó a los 90 países que ya lo habían rubricado con antelación.

Se trata del acuerdo de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar relativo a la Conservación y el Uso Sostenible de la Diversidad Biológica Marina de las zonas situadas fuera de la jurisdicción nacional, también conocido como BBNJ por sus siglas en inglés. El convenio internacional pretende instaurar la distribución justa y equitativa de los beneficios de los recursos genéticos marinos; las evaluaciones de impacto ambiental; el fomento de la capacidad y la transferencia de tecnología; y la implementación de herramientas de gestión, además de la creación de muchas áreas de protección marina.

Al respecto, Raíl Cereseto, Presidente de la FULASP, manifestó que “se trata de un paso importantísimo para proteger y avanzar en una extracción responsable de los recursos marinos y para evitar la depredación diaria que ejercen cientos de barcos extranjeros que sobreexplotan el ecosistema sin control”.

Sus declaraciones siguen en consonancia con un informe que dió a conocer la entidad que preside en septiembre de 2023, en el cual se informó, en general, sobre las pérdidas millonarias que la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada (INDNR) produce a las naciones en desarrollo y, en particular, que nuestro país se ubica en el tercer puesto entre los más perjudicados del mundo y como el mayor damnificado de Latinoamérica.

A nivel global, las pérdidas se estiman en hasta USD 50 mil millones, y, según el estudio, Argentina pierde anualmente hasta 3500 millones de dólares por ésta práctica ilícita, sólo superada por los casi USD 12.000 millones que pierde África, en su conjunto, y los USD 4000 millones que le son hurtados a Indonesia. A nivel regional, en América Latina, nuestro país encabeza el triste ranking de mayores pérdidas económicas, en promedio casi siete veces más que Perú (USD 500 millones) y casi doce veces más que Chile (USD 300 millones).

El informe detallaba que este tipo de práctica representa hasta un 30% de las actividades del sector pesquero mundial, con un volumen de negocios anual estimado entre 10.000 y 23.000 millones de dólares. Al mismo tiempo, reconoce que la INDNR conlleva a que más del 90% de los recursos pesqueros mundiales "estén plenamente explotados, sobreexplotados o agotados".

En otro orden, el trabajo también señalaba que la mayor parte (60%) de los buques industriales y semindustriales involucrados en la pesca ilegal tienen bandera asiática (sobre todo de origen chino), mientras que la cuarta parte restante se corresponde con embarcaciones de países de América Latina, África y Europa, respectivamente. En el caso de las empresas involucradas, el 80 % también ostenta capitales ligados al gigante asiático.

Según el informe, el nefasto ranking argentino comenzó a forjarse hace unos 25 años, cuando la flota china empezó a operar en la Zona Económica Exclusiva (ZEE), enfrente de las costas de la Patagonia. Actualmente, con casi 3.000 barcos, China construyó, en dos décadas, la flota pesquera más grande del mundo, ejerciendo tareas espurias en el Atlántico Sur con más de 400 buques. Además de la depredación de los recursos, “esta situación representa una competencia injusta en su totalidad para la industria pesquera nacional, puesto que numerosas embarcaciones extranjeras remuneran a sus trabajadores con salarios de 200 dólares al mes, lo que totaliza alrededor de 4.000 dólares mensuales para una tripulación promedio de 20 personas.

En contraste, para un barco argentino, los mismos servicios implican un coste superior a los 50.000 dólares”, añadió Cereseto. En ese sentido, también destacó la importancia del acuerdo porque consideró que “se trata de un hecho inédito para nuestro país, porque, hasta el momento, no había ningún tipo de regulación ni control en altamar y porque permitirá excluir cualquier tipo de interpretación discrecional en materia de conflictos de soberanía”.

El representante del organismo también señaló que “en congruencia con lo que plantea la FAO, la firma del acuerdo es fundamental para eliminar los buques que se aprovechan de las poblaciones en riesgo, lo que dificulta la recuperación de estas poblaciones y pone en peligro la diversidad de vida marina, la seguridad alimentaria de las comunidades que dependen de los recursos pesqueros como fuente de proteínas, y los medios de subsistencia de las personas vinculadas con esta industria”.

Ahora bien, para que este acuerdo entre en vigencia, el siguiente paso para el país es que la ratificación del acuerdo sea aprobada por ambas cámaras del Congreso y es necesario que otros 59 países lo ratifiquen internamente.Por el momento solo lo hicieron 7, y desde la FULASP anunciaron que trabajarán “en el orden nacional e internacional para celebrar mesas de enlace que agilicen el trámite”.

La organización también adelantó que “está acuerdo coincide con un avistaje que la organización tiene previsto para los próximos meses sobre el área limítrofe de la milla 200, en busca de material fílmico y fotográfico de consideración que le será facilitado a las autoridades nacionales para reforzar la necesidad de reglamentar el convenio de manera urgente”. Si se logra la rápida puesta en vigor, está previsto que se establezca un órgano regulador y el acuerdo será vinculante, obligando a los países a respetar las decisiones tomadas.

Además, los Estados miembros podrán exigir estudios de impacto ambiental y deberán compartir los avances en investigación marina. Finalmente, Raúl Cereseto consideró que “si bien Argentina está todavía muy lejos de contemplar todas las necesidades que requiere el ecosistema y la industria pesquera en su conjunto, éste es, sin dudas, un compromiso sin precedente, que complementa a la Ley del Mar, porque esa norma en sí misma no vela sobre la conservación de los recursos, constituyendo, detrás de la ley mencionada, el segundo hito más relevante de la historia para la regulación de los océanos”.