Tras el decreto la cuarentena obligatoria en todo el territorio desde el 20 hasta el 31 de marzo para evitar la propagación de la COVID-19 en el país, donde hasta el momento se han confirmado 128 casos, tres de ellos mortales.

La violación de la cuarentena tiene, como sanción, penas de prisión de 15 días a dos años de prisión.

En una declaración ante a prensa, el presidente Alberto Fernández afirmó que adoptó la medida para «proteger la salud de los argentinos» y lamentó que haya personas «que aún no entiendan que no se puede circular por las calles«.

Quienes no estén dentro de los grupos de excepción e incumplan con la norma, serán responsables de la comisión de un delito tipificado en los artículos 205 y el 239 del Código Penal.

En el artículo 205 del actual Código se establece que «será reprimido con prisión de seis meses a dos años, el que violare las medidas adoptadas por las autoridades competentes, para impedir la introducción o propagación de una epidemia«.

Para garantizar que las personas no circulen se desplegarán en todo el país efectivos de cuatro fuerzas federales, Policía Federal, Gendarmería Nacional, Prefectura Naval y Policía de Seguridad Aeroportuaria a quienes se sumarán las policías locales de cada municipio.