El juicio político contra los jueces Facundo Gómez Urso y Pablo Viñas, quienes dictaron la sentencia en la que absolvieron a los acusados del femicidio de Lucía Pérez en Mar del Plata, comenzará el próximo 23 de noviembre.

En noviembre de 2018, los magistrados absolvieron a Matías Farías, Juan Pablo Offidani y Alejandro Maciel por la acusación de violación seguida de muerte contra Lucía Pérez. La imputación que recae contra ambos magistrados es por los delitos de "negligencia, incumplimiento de los deberes inherentes del cargo y parcialidad manifiesta".

El tribunal que los juzgue estará presidido por Hilda Kogan, la segunda cabeza que tiene la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires.

La novedad judicial renueva la esperanza en los familiares de la menor, que el pasado 8 de octubre cumplieron el quinto de aniversario de lucha por justicia. Todavía esperan, tras el fallo de Casación y la confirmación de la Suprema Corte, que se defina la fecha del segundo juicio contra Farías y Offidani.

En abril de 2021, la Comisión Bicameral de Normas de Procedimiento para el Enjuiciamiento de Magistrados y Funcionarios bonaerenses había resuelto acusar a los jueces Pablo Viñas y Facundo Gómez Urso por “negligencia, incumplimiento de deberes inherentes del cargo y parcialidad manifiesta”.

El juicio político había sido impulsado el 22 de mayo de 2019 por la diputada Victoria Donda -hoy al frente del Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (Inadi) - junto a su pares Lucila De Ponti, Araceli Ferreyra, Gabriela Cerruti, Romina Del Plá y Facundo Moyano.

El llamado “Enjuiciamiento de Magistrados y Funcionarios Judiciales” atiende a la forma de investigar la conducta de los jueces y funcionarios. Se trata de un organismo de naturaleza política cuyo accionar se limita a determinar si el Juez o Funcionario denunciado debe -o no- continuar en el ejercicio de su cargo, verificando si subsiste la “buena conducta” que se requiere para continuar en el ejercido de la función. Es presidida por el Presidente de la Suprema Corte de Justicia.

La denuncia que sostienen desde un principio los familiares de Lucía es que el 8 de octubre de 2016, a las 10.30, Offidani y Farías, quienes vendían drogas a adolescentes cerca de escuelas de Mar del Plata, la llevaron hasta una vivienda para abusar sexualmente de ella y después la trasladaron sin vida a un centro médico alejado de la ciudad.